Premsa

Por un autogobierno sin diputaciones, con supercomarcas y sin cargos a dedo

9/12/2013
Publicat en Levante, 5/12/2013

En 1707 fue desmantelado el Regne de València y todo su entramado político y administrativo «por justo derecho de conquista» y las leyes de Castilla empezaron a regir la vida de los valencianos con el Decreto de Nueva Planta de Felipe V. En 1833, la ley de Javier de Burgos que dividía España en 49 provincias combinó el modelo centralizante con la operatividad moderna del poder más próximo a los ciudadanos; ello sentó las bases del provincianismo que iría distanciando entre sí a los territorios de Valencia, Alicante y Castelló. La Constitución de 1978 y su epílogo del Estatut d'Autonomia de 1982 permitió a los valencianos reencontrarse con el autogobierno. Estos tres hitos históricos han determinado la arquitectura administrativa del pueblo valenciano en los tres últimos siglos. Tal vez ahora, con el autogobierno en jaque y todo sujeto a revisión, haya llegado la hora de un nuevo gran salto adelante. 

Eso es lo que propone el profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València Andrés Boix en el libro Una nova planta per als valencians. Possibilitats i límits per a l'organització política i administrativa del País Valencià dins la Constitució de 1978 (editado por la Fundació Nexe, el think tank del valencianismo). Su receta, aquí simplificada, es atrevida: suprimir las diputaciones provinciales; potenciar las comarcas hasta convertirlas en entes intermedios prestadores de servicios; dotar a los municipios de más poder según la fórmula "sírvase usted cuanto quiera" en materia de competencias; y reconvertir la Generalitat en una Administración más ligera, descentralizada y profesionalizada que renuncie al personal eventual de confianza y reforme la contratación pública.

El objetivo, por una vez, no es fer país ni entretenerse en el sexo de los ángeles léase construcción de identidad, historia o simbología, sino conseguir un modelo de Administración «más eficaz, funcional, próximo y democrático». En palabras de Boix, se trata de innovar y organizar un entramado administrativo más eficiente para proteger el autogobierno valenciano «cuando llegue el momento en el que se abra, por pura ineluctabilidad de sostenibilidad económica, el debate sobre la conveniencia de continuar disfrutando de autogobierno o, por contra, de ceder estas competencias» al Estado.

Todo ello se apoya en una premisa básica bañada de pragmatismo: encajar en la Constitución que hoy cumple 35 años. Ése es el límite. Y es posible, asegura Boix, manejarse dentro de la Carta Magna y ser más ambiciosos en el autogobierno. Por ejemplo, liquidando instituciones como las diputaciones a través de la «fusión o dilución de las estructuras provinciales en las autonómicas». Se respetaría a la provincia como circunscripción electoral, pero sus funciones serían reasignadas a otros entes. 

Él aboga por impulsar una ley de comarcalización pendiente desde hace tres décadas que consagre la estructura de demarcaciones territoriales para uso de la Generalitat. Desde allí se prestarían servicios que actualmente ofrecen las diputaciones y la Generalitat. Boix pone un ejemplo: «No todas las comarcas tendrían que gestionar necesariamente los mismos servicios. El Racó d'Ademús puede considerar esencial poner en común la gestión forestal y agrícola, pero en cambio no tener ningún interés en recoger la basura (y de esto se encargaría la estructura de apoyo a los municipios de la Generalitat). La Safor, en cambio, puede tener interés para gestionar muchas más cosas, incluidos aspectos educativos y de sanidad, turismo, etc.».

Esas supercomarcas dotadas de poder y gestoras de servicios serían «el tejido de base de la nueva planta que los valencianos necesitamos para el siglo XXI». Todo ello, asegura, lo permite la actual Constitución. Falta voluntad y arrojo.

Paco Cerdà



Tags: organització territorial.



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