Premsa

'Unas cuentas con problemas de origen', de Francisco Pérez García

30/3/2013
Publicat en El País, 23/3/2013

La Generalitat Valenciana ha anunciado un déficit del 3,45% del PIB en 2012 que representa el 25% de sus gastos. Con un endeudamiento del 29% del PIB, solo la carga de intereses casi doblará en 2013 el objetivo de déficit del 0,7% fijado para todas las comunidades. Desequilibrios tan importantes requerirán ajustes de ingresos y gastos severos para recuperar la viabilidad financiera. Pero, al enfrentarse a ese duro escenario, es necesario advertir que el origen de tan grave problema no es —contra lo que muchos piensan— que la Comunidad Valenciana gasta más, sino que ingresa menos.

La Comunidad Valenciana es la que menos gasta por habitante desde que se homogeneizó en 2002 el techo competencial de las comunidades. Las liquidaciones presupuestarias indican que el gasto per cápita es el 78% de la media. Incurre en déficit porque sus ingresos se sitúan sustancialmente por debajo de las restantes autonomías desde hace veinticinco años, cuando recibió las competencias educativas y sanitarias. Esto debería ser conocido por quienes estigmatizan la trayectoria valenciana como si su deuda fuera resultado de un despilfarro monumental. Con independencia de decisiones de gasto discutibles e ineficiencias obvias, la tesis de que el endeudamiento se debe al mayor gasto no resiste el contraste con los datos.

Las enormes diferencias autonómicas de recursos por habitante se deben a los modelos de financiación. Revisión tras revisión, tras fundamentarse en indicadores de necesidad basados en la población ajustada, incorporan fondos que mantienen abanicos de financiación por habitante del 30%.

Algunas comunidades han logrado mejorar su situación, pero la valenciana no. Ha estado siempre a la cola y ahí continúa, con una desviación que representa casi 1.000 millones menos al año que si estuviera en la media y 3.000 menos que si se situara a la cabeza (forales aparte, desde luego). Si entre 2002 y 2010 hubiera dispuesto del nivel medio de ingresos de las comunidades de régimen común, con el mismo gasto habría evitado el 90% de la deuda adicional y el endeudamiento sería el 13% del PIB.

Ofrecer servicios educativos y sanitarios similares con recursos mucho más escasos consume una parte bastante mayor del presupuesto. El resto de actividades (infraestructuras, promoción económica, protección social, cultura o grandes eventos) encaja la restricción presupuestaria y se aleja de la media de gasto por habitante hasta 45 puntos porcentuales, sin evitar el déficit.

El desplome tributario tras el auge inmobiliario y la crisis de la deuda han desnudado a la hacienda valenciana y en el espejo se evidencia que se asumieron compromisos permanentes de gasto con ingresos transitorios. Corregirlo es tan imprescindible financieramente como económica y socialmente costoso. Por ello, el ajuste no debería ignorar que una parte sustancial del diferencial valenciano es la debilidad estructural del sistema de financiación.

Si no se pone remedio a este problema lo pagarán los ciudadanos valencianos —en oportunidades y servicios públicos— y el tejido productivo, en especial los proveedores de la Generalitat. En la Comunidad Valenciana las Administraciones públicas ya representan el 37% del PIB que persigue para 2015 el Programa de Estabilidad para España, y la economía está muy debilitada. El PIB per cápita de 2012 tiene los niveles reales de 1999 y es el 87,7% de la media española, habiendo retrocedido del puesto 8 al 12 entre las 17 comunidades.

El estereotipo que ha cuajado sobre el caso valenciano solo puede sostenerse poniéndose de espaldas a estos datos. Las consecuencias son graves para la imagen de un territorio cuyo dinamismo contribuyó significativamente en el pasado al desarrollo español y debería volver a hacerlo. La opinión pública ha de saber que es la única comunidad que combina una balanza fiscal negativa y una renta inferior a la media. Parece llegada la hora de que los valencianos alcancen consensos básicos sobre una hoja de ruta que ponga fin a esta trayectoria lamentable. También, de que España revise la perspectiva desde la que contempla la situación, ayudando a solucionar unos problemas que, por ser distintos, no pueden tener la misma respuesta que otros.

Francisco Pérez es catedrático de la Universidad de Valencia y director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie)



Tags: economia valenciana.



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